30 de septiembre de 2022

Radio San José FM 89.7

En el corazón de San José

Diputada Ana María Bravo destacó aprobación en la Cámara Baja de la Ley Dicom.  


Iniciativa legal que ahora va a al Senado, prohíbe el uso de datos sobre deudas impagas
entre el estallido social y pandemia.

La Sala de la Cámara de Diputados respaldó, en general y en particular, un proyecto de
ley que busca facilitar el acceso al crédito o la postulación a un puesto de trabajo de
personas que mantienen deudas impagas contraídas entre el estallido social y la
pandemia.

La norma se debatió durante tres sesiones. En concreto, establece que los responsables
de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter
económico, financiero, bancario o comercial, a que se refiere la ley sobre protección de la
vida privada, no podrán comunicar respecto de obligaciones vencidas que se hayan hecho
exigibles entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2022.

Lo anterior, siempre que el total de tales obligaciones sea inferior a dos millones 500 mil
pesos por concepto de capital. Esto, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro
rubro.

Asimismo, no podrán proporcionar información al titular de los datos, ni comunicar el
hecho de que este haya sido beneficiado con esta disposición.

La misma prohibición será aplicable a los distribuidores de información de carácter
económico, financiero, bancario o comercial. Para estos efectos, se considera
distribuidores a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el
tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas.
Ello, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta ley será sancionado con multa a beneficio fiscal
desde mil hasta 2.250UTM
.

El texto pasó, ahora, a segundo trámite, al Senado.

Al respecto, la diputada por Los Rios y una de las impulsoras de la ley Ana María Bravo se
mostró conforme con su aprobación.

En el análisis se subrayó que la pandemia provocó una importante problemática
económica en los hogares familiares. También se mencionó los efectos que tuvo el
“estallido social”.

En esa línea, parte de la Sala dijo que la norma otorga un respiro y permite que las
familias puedan recuperarse. No obstante, igualmente se advirtió sobre una eventual
precarización del crédito.

Por otro lado, se especificó que, no dar a conocer esta información, permite a las
personas sobreendeudarse. Dicha situación solo serviría a los bancos, expresaron desde
otro punto de vista. Así, se consideró que no es la mejor ayuda que se puede brindar a las
pymes.

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