21 de septiembre de 2021

Radio San José FM 89.7

En el corazón de San José

Informaron sobre derechos ciudadanos a la hora de recibir infracciones por la norma sanitaria.

Existe un plazo de 15 días para apelar a las multas recibidas.

El Ministerio Público ha interpretado que basta que una persona se encuentre fuera de su residencia durante la cuarentena o toque de queda para cometer el delito sancionado por el artículo 318 del Código Penal, contra la salud pública.

En este contexto, las policías pueden requerir su identificación personal -como control de identidad preventivo-y el permiso o salvo conducto respectivo, de esta forma las policías pueden detener a cualquier persona que se encuentre fuera de su residencia sin el permiso, tanto en zonas con cuarentena como durante el horario de toque de queda.

Sin embargo, toda persona detenida tiene la calidad de imputada y, como tal, posee todos los derechos y garantías que establecen la ley, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y ratificados por Chile. Entre ellos se encuentra el derecho a contar con la asesoría de un abogado defensor.

Para ello la Defensoría Penal Pública tiene como labor proporcionar defensa de calidad, a todas las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la dignidad y los derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad.

Lo anterior, según explicó el jefe de Estudios de la Defensoría Penal publica en Los Ríos, Pablo Ardouin Borquez, porque existen muchas personas que no tiene la posibilidad de adquirir sus permisos para poder satisfacer sus necesidades básicas y son multadas por ello. Así lo afirmó el funcionario a San José al Día.

Estas multas van desde las 6 Unidades Tributarias Mensuales, y pueden llegar a alcanzar hasta las 250, lo que significa una suma de más de 12 millones y medio de pesos.

Para apelar a estas sanciones y justificar el porqué del incumplimiento de la norma ante el ministerio público, las personas pueden acudir a la Defensoría Penal Pública, donde revisarán el caso y prestarán asesoría en el trámite. Así lo informó el funcionario a San José al Día.

Actualmente en la comuna de Mariquina, la Defensoría ha tramitado alrededor de 20 causas por incumpliendo a la normativa de salud pública, y quienes deseen realizar este trámite pueden acercarse a las oficinas comunales ubicadas en calle Padre Plácido número 1040.

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